María Elena Ríos Ortiz, víctima de feminicidio en grado de tentativa mediante un ataque ácido, denunció que la jueza María Quevedo Sánchez se negó a emitir una fecha para la audiencia intermedia en el caso judicial contra su agresor, el empresario gasolinero y político del PRI, Juan Antonio Vera Carrizal.
En un mensaje difundido en sus redes sociales, aseguró que la actuación de la jueza pretende darle ventaja a Vera Carrizal con el fin de que éste obtenga la medida cautelar de arraigo domiciliario y recuperar los bienes que le fueron embargados para garantizar la reparación del daño.
También denunció que María Quevedo tiene antecedentes de liberar a feminicidas y favorecer a políticos con la reclasificación de los delitos.
Por ejemplo, recordó que esta jueza fue la que liberó al presunto feminicida de la joven Joselyn Alejandra Vargas Ortiz que desapareció en 2018 y en 2020 fue encontrada muerta en Huajuapan de León; así como a los feminicidas responsables de la desaparición de Zaira Leticia Lozoya, joven de Huajuapan víctima de desaparición cometida por particulares de la que no se tiene información sobre su paradero.
“Hubo personas detenidas con toda la carga de la prueba y ella los liberó”, acusó Ríos Ortiz, quien desde hace algunos años también es activista contra la violencia ácida y todo el país.
La joven señaló que fue esta jueza la que reclasificó el delito a Lizbeth Victoria Huerta expresidenta municipal morenista de Asunción Nochixtlán y amiga del gobernador Salomón Jara Cruz, implicada en la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu.
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