Desde el 2011 un grupo de personas, mediante hechos y documentos falsos, se confabularon con abogados de la Procuraduría Agraria para cometer el fraude en perjuicio de la comunidad
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso de despojo cometido por particulares de más de 300 hectáreas de la comunidad de San Francisco Cozoaltepec, situadas a orilla de playa en la localidad de Tilzapote; y que podría representar un perjuicio para el Estado mexicano de más de seis mil millones de pesos, a favor de los despojadores.
Para la comunidad, esta decisión representa una esperanza para obtener justicia y no perder sus tierras comunales, tras más de 15 años de una lucha jurídica en la que se han enfrentado a presuntos actos de corrupción en los juzgados federales de Oaxaca.
“Confiamos en esta nueva Suprema Corte para hacer efectivo el acceso a la justicia y el estado constitucional del derecho, nace la esperanza que esta Corte en verdad haga justicia a los más desprotegidos como lo es nuestra comunidad agraria, y que además como lo ha sostenido su propio ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, quien también es oaxaqueño, que esta nueva Suprema Corte fue constituida y creada para hacer justicia a los más desprotegidos como son los grupos vulnerables y comunidades indígenas”, dijo.
Desde el año 2011 un grupo de personas, mediante hechos y documentos falsos, se confabularon con abogados de la Procuraduría Agraria de ese tiempo, quienes simularon defender a la comunidad para cometer el fraude en perjuicio de la comunidad.
En un primer momento, en mayo de 2016, estos dos particulares que se presentan como matrimonio, Pedro Martínez Araiza y Domitilia Guzmán Olivera, obtuvieron una sentencia agraria sobre la procedencia de la acción agraria de exclusión de aproximadamente 300 hectáreas de terreno comunal; es decir, se desincorporaron de la propiedad de la comunidad.
Lo anterior, denunció la comunidad de San Francisco Cozoaltepec, con la complicidad del entonces Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 21 en el Estado, en el expediente número 414/2014.
De acuerdo con las autoridades agrarias, posteriormente con la complicidad y corrupción del Juez Primero de Distrito en el Estado, en el expediente de amparo número 1226/2017, y de los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en materia Civil y Administrativa, obtuvieron también esos particulares, una resolución a su favor en el incidente de cumplimiento sustituto por la inejecución de la sentencia agraria, por la cantidad de más de seis mil millones de pesos.
La autoridad agraria de San Francisco Cozoaltepec consideró esta sentencia como injusta e ilegal y por eso, explicó, la comunidad interpuso el recurso de queja con la cual se formó el expediente número 511/2025, del índice del Primer Colegiado en materia Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito.
