El Comité Nacional de Radios Comunitarias, Indígenas y Afromexicanas denunció que la nueva reforma a la Ley de Telecomunicación y Radiodifusión representa un retroceso y una clara violación a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y afromexicanos reconocidos en la Constitución de México y en el derecho internacional de los derechos humanos.
La omisión de la consulta indígena, el desconocimiento del vínculo con el territorio, la falta de un régimen fiscal justo y la subordinación financiera, afirmó el comité que constituyen retrocesos que no se pueden permitir.
Detalló que esta reforma fue aprobada sin consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, lo cual constituye una transgresión directa al artículo segundo constitucional, que reconoce los derechos de los pueblos indígenas, y al Convenio 169 de la OIT, instrumento internacional de cumplimiento obligatorio para el Estado mexicano.
“Nos indigna que una vez más se legisle sobre nuestros territorios, nuestras formas de organización y nuestros medios de comunicación sin nuestra participación real, reproduciendo el colonialismo institucional y la exclusión histórica. Esta ley no solo omite nuestros derechos, sino que impone cargas normativas y fiscales que desconocen la realidad operativa, económica y cultural de nuestros medios comunitarios'”.
Aunque se reconoce un “régimen simplificado”, apuntó, “este debe aplicarse como principio transversal en toda la ley, reconociendo las condiciones particulares de los medios indígenas y afromexicanos; y carece de un régimen fiscal diferenciado”.
“Los medios comunitarios, indígenas y afromexicanos no pueden ser tratados con las mismas obligaciones fiscales que los medios comerciales. Exigimos un régimen tributario especial y simplificado que permita el acceso real y justo a los recursos públicos, garantizando su sostenibilidad sin menoscabo de su autonomía”
La disposición sobre donación de equipos decomisados es positiva, expresó, pero carece de “criterios claros, mecanismos transparentes y garantías de acceso equitativo2.
En relación a los ingresos para radios comunitarias de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, dijo que el financiamiento a través de publicidad oficial sigue siendo incierto.
“El cambio de al menos 1% a entre 1 y 10% no garantiza una mejora, y continúa subordinado a la voluntad de la Comisión. Además, la definición de patrocinio impide generar ingresos legítimos. Exigimos un modelo claro, sostenible y autónomo de financiamiento”.
Y para el financiamiento para producción indígena señaló que el uso del verbo “podrá”, “impulsará” o “considerará” en artículos clave refleja una intención sin obligatoriedad.
Finalmente, aseguró que la Defensoría de las audiencias impone a los medios comunitarios e indígenas las mismas obligaciones que a los grandes concesionarios comerciales ignora nuestra estructura horizontal, colectiva y comunitaria.
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