Los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y PRD han presentado acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra las recientes reformas a las leyes de Amparo y de Amnistía, argumentando que representan un retroceso en materia de derechos humanos.
En un comunicado conjunto, las bancadas de oposición detallaron que estas acciones se interpusieron tras la aprobación y publicación de ambas reformas, en conformidad con los requisitos constitucionales que permiten a un tercio de los miembros de las Cámaras presentar estas impugnaciones.
«Esto implica», señalaron, «que el amparo deja de ser una herramienta efectiva para defender los derechos de la ciudadanía. Si no se previene que se materialice el daño a los derechos de las personas, el juicio de amparo deja de ser un medio efectivo de protección».
Los legisladores de oposición subrayaron que, con la reforma, se impide a los jueces suspender la aplicación de normas generales, como leyes, decretos y reglamentos, cuando estos afecten los derechos humanos de la ciudadanía. «La intención es clara: dar más poder al gobierno y quitarle a la ciudadanía los medios para protegerse frente al atropello de sus derechos», añadieron.
Modificaciones a la Ley de Amnistía y sus implicaciones
«Son notoriamente inconstitucionales y peligrosas para México; es nuestro deber velar por el fortalecimiento de libertades e instituciones democráticas para garantizar que ningún interés particular prevalezca sobre el bienestar general».
En relación con las modificaciones a la Ley de Amnistía, los partidos PRI, PAN y PRD coincidieron en que estas generan impunidad e impiden que las víctimas de graves violaciones a derechos humanos tengan derecho a la verdad, la justicia y la reparación. «Es claramente violatorio de los derechos de las víctimas», enfatizaron.
Los legisladores exigieron que se respeten los derechos de las víctimas, se esclarezcan los hechos, se fortalezca el Estado de derecho y se combata eficazmente la impunidad mediante una justicia efectiva y no selectiva.
Impacto en inversiones y seguridad
Paralelamente, José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), advirtió en una entrevista que, debido a la inseguridad, la falta de energía y la posibilidad de una reforma al Poder Judicial que implique elegir a los jueces por votación, diversas inversiones extranjeras y nacionales se han cancelado o trasladado a otros países.
Los sectores más afectados por la cancelación de proyectos de inversión son el automotriz, turístico e inmobiliario. Medina Mora desmintió que en países como Estados Unidos y Japón se elija a los jueces por votación, aclarando que solo en Bolivia se utiliza este método y que allí enfrenta problemas.
Sobre la permanencia del Ejército en las calles hasta 2028 para apoyar a la Guardia Nacional, Medina Mora expresó: «Nos parece que lo que debió discutirse es cómo haremos en 2028 para que el Ejército regrese a los cuarteles». Consideró que se debe cumplir lo estipulado en la Constitución, que autoriza al Ejército a apoyar la seguridad pública solo hasta 2028.
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