Luego de que un grupo de personas denunciara el despojo de sus viviendas, las autoridades comunitarias de Santa Cruz Tlahuitoltepec, Oaxaca, aclararon que la desocupación de los terrenos invadidos por particulares responde a un mandato de la Asamblea General y cuenta con el respaldo de sus sistemas normativos.
“Aclaramos que en la recuperación de estos terrenos comunales no se ha desplazado ni desterrado a ninguna familia”, señalaron
De acuerdo a un comunicado de las autoridades comunitarias de Santa Cruz Tlahuitoltepec en coordinación con las de Santa María Tlahuitoltepec, los integrantes de las familias Vargas, Jiménez Diaz, Gutiérrez y otras, involucradas en el supuesto desalojo, mantienen sus viviendas en el centro de la comunidad de Santa Cruz.
“Es necesario precisar que estas personas cuentan con sus residencias habitables en el centro de la comunidad y únicamente pretendían justificar la posesión ilegal de las áreas de reserva mediante construcciones provisionales y deshabitadas que fueron removidas”, precisaron las autoridades.
Explicaron que los hechos registrados en días pasados, donde, según la denuncia, se derribaron 15 viviendas, fueron consensuados en cumplimiento estricto del mandato de la Asamblea General de Comuneros y la Asamblea Agraria, máxima autoridad de deliberación y toma de decisiones, para recuperar una zona de reserva comunitaria.
“En dichos espacios participaron activamente las familias Vargas, Jiménez Diaz, Gutiérrez y otras, señalada por la invasión de terrenos comunales en zonas de reserva comunitaria, a quienes se les respetó en todo momento el derecho al debido proceso y la garantía de audiencia, conforme a nuestros Sistemas Normativos Internos”, detallaron.
Para ejecutar la orden de recuperación de la zona comunitaria, donde se encuentra el basurero comunal, se acordó en diversas asambleas celebradas desde el año 2013, hasta la fecha, señala el escrito de las autoridades.
Asimismo, para determinar las áreas de uso común se encuentran asentadas en las Actas de Asamblea General de Comuneros de fechas 15 de febrero de 2026 y 19 de abril de 2026, dando continuidad a acuerdos históricos de protección territorial que datan de 2006, 2010 y 2013.
