Indaga gobierno de Oaxaca 2 mil 271 expedientes por presuntos actos de corrupción en sexenios pasados

El gobierno de Oaxaca retomó la investigación de 2 mil 271 expedientes por presuntos actos de corrupción de servidores públicos en administraciones anteriores, según se señala en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2028.

En estos expedientes, detalló, se investigan presuntas faltas administrativas y la evolución desproporcionada e injustificada del patrimonio de las personas servidoras públicas, y los cuales se encontraban en “total rezago procesal”.

De acuerdo con el documento aprobado por la 65 Legislatura del Congreso del Estado, se recibieron expedientes de indagatorios activos iniciados en los ejercicios de los años 2016, 2017 y 2018, que siguen en etapa de investigación de presunta responsabilidad administrativa, y que hasta el mes de diciembre de 2022 no habían recibido la correcta diligencia en su debida substanciación.

Adicionalmente, apuntó, se identificaron 216 expedientes de investigación activos, de los cuales 77 se iniciaron por auditorías realizadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y 139 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

No obstante, señaló que se detectó que se cuenta con expedientes activos iniciados durante el ejercicio 2017 correspondiente a cuenta pública 2015, “mismos que con un rezago impresionante tienen un estatus de que se continúa en etapa de investigación, lo que desde luego ha generado una total desconfianza en el actuar de los servidores públicos involucrados”.

En el documento, el gobierno de Oaxaca recordó que de acuerdo con los resultados obtenidos del Informe General Ejecutivo sobre los resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2020, entregado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cámara de Diputados, se identificó que, Oaxaca encabezó la lista de entidades con mayor monto observado con mil 964 millones de pesos. Mientras que en el 2021 Oaxaca se ubicó en el sitio número dos de las entidades con mayor monto observado con 311.3 millones de pesos.

Lo anterior, respecto de la fiscalización a los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).

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