Oaxaca de Juárez.– A iniciativa del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, la 65 Legislatura del Congreso del Estado aprobó la desaparición del Instituto para el Fomento y la Protección de las Artesanías, y del Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad.
Las funciones de estos dos organismos, según el dictamen aprobado por los legisladores locales, ahora estarán a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico.
En el caso del Instituto para el Fomento y la Protección de las Artesanías, sus funciones cambian para tener una visión más empresarial e industrial en esta actividad económica del estado de Oaxaca, de acuerdo con las reformas aprobadas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.
El objetivo de la desaparición de este organismo público descentralizado, se señala en el dictamen, es evitar la “duplicidad” de funciones con la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de Oaxaca y el “despilfarro de gasto en una entidad que sus funciones pueden ser absorbidas por una Secretaría que persigue el mismo fin, es decir, el desarrollo económico en el estado”.
Con la reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado se agregaron funciones a la Secretaría de Desarrollo Económico como las de formular y promover la propiedad industrial, protección de marcas registradas, denominaciones de origen e indicaciones geográficas en el estado que fomenten el consumo local y el posicionamiento de los productos y servicios de origen oaxaqueño en los mercados nacionales e internacionales.
Así como fortalecer la productividad y competitividad de los emprendedores y de las unidades económicas en el estado, promoviendo la innovación empresarial a través del intercambio y desarrollo de competencias y nuevas tecnologías.
Y realizar programas de promoción y fomento que tengan como propósito incrementar la productividad y la competitividad de los productos oaxaqueños, impulsando el comercio exterior.
A estas se suman también funciones como las de integrar y promover el catálogo de la oferta de productos del estado, que cuenten con las “certificaciones necesarias y/o cumplan con la normatividad respectiva para su comercialización”.
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