La Corte revisará el marco legal aplicado en la condena por el asesinato de Luis Donaldo Colosio.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió ejercer su facultad de atracción del amparo directo promovido por la Fiscalía General de la República, relacionado con la sentencia de 45 años de prisión impuesta a Mario Aburto Martínez por el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido en marzo de 1994, decisión que busca determinar si fue correcto el marco legal utilizado para fijar la pena.
En el proceso penal se aplicó el Código Penal Federal, que permitió una condena de 45 años, y no el Código Penal de Baja California, entidad donde ocurrieron los hechos, el cual establece un máximo de 30 años de prisión por el delito de homicidio doloso.
Este punto es el eje del análisis que deberá realizar la Corte al revisar el amparo directo 104/2021, presentado por la FGR.
Durante la sesión en la que se resolvieron las Solicitudes de Ejercicio de Facultad de Atracción 929/2025 y 947/2025, la ministra Sara Irene Herrerías Guerra no participó por haber sido funcionaria de la Fiscalía.
En la votación, las ministras Yasmín Esquivel Mossa y María Estela Ríos González se pronunciaron en contra de atraer el asunto, mientras que el resto del Pleno consideró necesario que la Corte se pronuncie sobre la legalidad de la sentencia.
La resolución que emita la SCJN podría tener dos efectos: que Aburto Martínez obtenga la libertad inmediata, al haber cumplido 30 años de prisión conforme al Código Penal de Baja California, o que continúe privado de la libertad para cumplir los 15 años restantes que reclama la FGR. La Corte deberá definir el parámetro para analizar un procedimiento penal por magnicidio bajo el sistema penal tradicional, garantizando los derechos del sentenciado y de la víctima.
El caso volvió a cobrar relevancia en 2023, cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió un amparo a favor de Aburto Martínez, el cual fue concedido por un Tribunal Colegiado para aplicar la pena máxima prevista en la legislación estatal. Esa resolución fue impugnada por la FGR y, en octubre de 2024, la Primera Sala de la SCJN dejó sin efecto el amparo y ordenó reponer el procedimiento.
Posteriormente, los familiares de Colosio Murrieta, en su calidad de víctimas indirectas, fueron citados a declarar, aunque no acudieron. El asunto estaba previsto para resolverse el 9 de diciembre de 2025, pero el presidente de la Corte, ministro Hugo Aguilar, determinó no hacerlo tras admitir el recurso presentado por la Fiscalía General de la República.
