Oaxaca de Juárez.– La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó pagos en exceso por más de 1.5 millones de pesos e irregularidades financieras que violentan leyes federales sobre obras públicas y responsabilidad hacendaria en los trabajaos del Rompeolas Este del puerto petrolero de Salina Cruz, en la región del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca.
Esta escollera que se considera el primer paso para atraer al comercio marítimo fue inaugurada este lunes por el presidente Andrés Manuel López Obrador y datos oficiales indican que la inversión fue de 4 mil 147 millones de pesos.
Los pagos en exceso y las irregularidades fueron detectadas por la ASF durante la revisión de la Cuenta Pública del año 2022, mismos que aunque las autoridades de la obra aseguran que fueron reintegrados, en realidad no hay documentación que respalde dicha afirmación.
Por esta razón, de acuerdo con el informe, se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal o al Patrimonio de la Administración del Sistema Portuario Nacional Salina Cruz, S.A. de C.V. por un monto de un millón 539 mil 92.56 pesos, por pagos en exceso. A dicha cifra deben sumarse los intereses generados desde la fecha del pago cuando no se aplicaron los descuentos, hasta la de su recuperación.
Lo anterior, se detalla, a causa de que en las estimaciones de ajuste de costos números 12 a 19 que fueron pagadas en marzo y mayo de 2022 autorizadas por la residencia de obra y avaladas por la supervisión externa del contrato núm. API-AD-SGI-04-2020, se omitió realizar el ajuste a la baja del porcentaje del costo por financiamiento, para los meses de los que se reconoció que existió un gasto menor del estimado.
Esto, aplicable por la reducción en la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) considerada por la contratista en su propuesta. Los ajustes a la baja o descuentos que debieron aplicarse son 86 mil 742.07, 68 mil 662.89, 417 mil 450.11, 153 mil 956.83, 260 mil 437.52, 151 mil 515.48, 212 mil 503.22 y 187 mil 824.44 pesos, respectivamente.
En otras palabras, la fiscalización arrojó que a cobrarse menos intereses, las obras costaron menos durante dichos meses de 2022, pero los descuentos no se aplicaron.
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