El cambio del régimen en la tenencia de las tierras comunales se hizo con el apoyo del gobierno chiapaneco y de abogados con 47 mil hectáreas escondidas entre los núcleos ejidales irregulares, señala Comité de Defensa
El coordinador del Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas (CNDCh), Miguel Ángel García Aguirre, denunció que la negativa de ganaderos chiapanecos para conciliar con los chimalapas, tiene su origen en la existencia de 128 polígonos ilegales en territorio chima.
Con una copia de la Gaceta Parlamentaria del 12 de enero de 2012, García Aguirre, demuestra cómo el entonces Procurador Agrario (PA), Rosendo González Patiño, envió a Guadalupe Acosta Naranjo, entonces presidente de la Mesa Directiva Cámara de Diputados, un resumen del conflicto.
La ejecución de las resoluciones presidenciales de los bienes comunales de San Miguel y Santa María Chimalapa afectó una superficie aproximada de 47 mil hectáreas donde se localizan 128 pequeñas propiedades y 42 posesiones como si fueran tierras nacionales, apuntó el resumen.
“¿Cómo se expidieron títulos de pequeña propiedad y de tierras nacionales en el territorio comunal de Santa María y San Miguel Chimalapa? Los dueños de las empresas madereras que tenían sus aserraderos en Cintalapa, promovieron el cambio de la propiedad de la tierra”, dijo.
Lo hicieron cuando en 1967, los chimalapas se organizaron para defender sus resoluciones presidenciales por casi 600 mil hectáreas y para expulsar a las empresas madereras, que usaron a sus trabajadores para inscribirlos como solicitantes de la pequeña propiedad o del ejido.
El cambio del régimen en la tenencia de las tierras comunales se hizo con el apoyo del gobierno chiapaneco y de abogados, aseguró García Aguirre, quien añadió que las 47 mil hectáreas, de la supuesta pequeña propiedad, están escondidas entre los núcleos ejidales irregulares.
Con esos ejidos chiapanecos, que se crearon después que los chimalapas obtuvieron sus resoluciones presidenciales, se busca la conciliación, pero la resistencia más grave está en Díaz Ordaz y Flor de Chiapas, de San Miguel y Canaán y Cal y Mayor, de Santa María Chimalapa.
Miguel Ángel García Aguirre explicó que “las autoridades estatales y federales están actuando con torpeza, están mostrando una actitud criminal, están esperando que los chimalapas actúen, porque tienen la razón para desalojar a los que se dicen pequeños propietarios o nacionaleros”.
Hace algunas semanas, recordó, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, ofreció que atraería el caso de Santa María Chimalapa tras perder un juicio en el Tribunal Superior Agrario (TSA). “¿Qué espera para hacerlo? ¿Que haya enfrentamientos?”
